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HONDURAS

Promesas y discriminación en el Gobierno de los Zelaya

Las protestas de los pueblos indígenas y los grupos ambientalistas de Honduras se suceden en Tegucigalpa para exigir a Xiomara Castro que el Gobierno cumpla sus compromisos, como destruir una «narcocarretera» o poner fin a la minería a cielo abierto. La presidenta calla mientras su esposo, el asesor y expresidente José Manuel Zelaya, es una figura omnipresente que ha llegado a maltratar en público a un representante de los pueblos originarios. Las peticiones de los manifestantes siguen sin atenderse. En cambio, el Ministerio Público ha abierto causas penales contra algunos de ellos.

Por Leonardo Aguilar. Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen.

El pasado 3 de agosto, un grupo de 30 indígenas lencas del occidente de Honduras pasó la noche en Casa Presidencial para exigir al actual Gobierno que continuara la pavimentación —suspendida desde la administración anterior— de un tramo de carretera de 15 kilómetros.

Habían transcurrido seis meses desde que Berta Zúniga Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) —e hija de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016—, le entregara a la presidenta, Xiomara Castro, la Vara Alta Lenca, un báculo de madera sagrado que simboliza la resistencia de las mujeres indígenas y negras frente al despojo de los bienes comunes. Zúniga Cáceres portaba un pequeño cartel con la imagen de su madre que contenía la leyenda «Berta volverá y será millones».

En aquellos primeros momentos de su Gobierno, Castro prometió prestar especial atención a los pueblos originarios y poner freno a las empresas extractivas, pero ahora guarda silencio mientras las protestas de diferentes sectores indígenas y ambientalistas se suceden en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Cuando amaneció el 4 de agosto, no fue Castro quien recibió a los representantes lencas de la Campa, Lempira, tampoco el ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, encargado del programa Nuestras Raíces, destinado a impulsar el desarrollo de las zonas más empobrecidas del país, sino el esposo de la presidenta,  expresidente y asesor presidencial, José Manuel Zelaya.    

Durante el encuentro, el líder indígena Darwin Reyes se puso de pie, tomó el micrófono y con reverencia se dirigió hacia el expresidente llamándole «comandante».  Mientras pedía la culminación de la carretera, Reyes fue interrumpido varias veces por Zelaya. Cuando acabó, lo único que consiguió fue un regaño monumental del expresidente. 

«Comandante, solo quiero algo —dijo Darwin Reyes—, y discúlpeme, discúlpeme pero tenemos de estar aquí desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana».

«Compañero, yo tengo 39 años de estar en esto —respondió Zelaya—. Usted solo tiene desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana».

Pero Reyes insistió: «Comandante, solo un detalle, queremos que le dé una orden al ministro de cuándo debe tener listo el proyecto».

«Entonces nada estoy hablando aquí, porque este no entiende —respondió Zelaya, subiendo el tono—; yo pensé que estabas captando lo que estamos diciendo aquí. ¡No hay dinero! ¿Entendés eso? Es una palabra clara».

Después Zelaya se dirigió a los demás indígenas lencas que estaban sentados frente a la mesa: 

«Dejemos a este aquí (a Darwin Reyes) para que agarre un poquito de luces… Miren, ya les expliqué durante 15 o 20 minutos, ¡No hay dinero! Si objetivamente fuera, no hay forma de prolongar todas esas carreteras que quedaron paradas. ¡No hay forma! Con ustedes estamos haciendo una gran diferencia (en atenderlos) porque vemos el gran esfuerzo que hace la comunidad. ¿Me entiende, Darwin?, ¿me entiende o no me entiende? Este es medio durito para entender. Al fin y al cabo dice que quiere ser político», agregó, despertando burlas entre los presentes.

Nuestras raíces, «el programa de Mel Zelaya»

Algunos de los representantes de los pueblos indígenas que se han acercado hasta Casa Presidencial desde el 1 de agosto para ser beneficiados por Nuestras Raíces lo llaman «el programa de Mel Zelaya». Lo llaman así porque fue  Mel quien convocó a las directivas nacionales de los pueblos indígenas, garífunas y misquitos y quien anunció que el programa se ejecutaría por medio de la Red Solidaria, según él mismo, siguiendo instrucciones de la presidenta. Hasta los nombres de estas iniciativas son una clara referencia a su figura: Nuestras Raíces se llamaba también el programa que lideró en los años 90 cuando era ministro y director ejecutivo del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS); Red Solidaria —programa iniciado por Sedesol en este Gobierno— fue el nombre de otro programa asistencialista de su presidencia entre 2006 y 2009. 

La ascendencia de Mel en el Gobierno de su esposa ha sido una constante. Además de su actual rol de asesor, al menos diez funcionarios de su Gobierno han desembarcado en la administración de Castro en diversas funciones —esto a pesar de que tenían cuentas pendientes con la justicia. 

La Secretaría de Desarrollo Social no es una excepción: la actual viceministra de Sedesol y directora ejecutiva de Proasol,  Olga Lydia Díaz, fue directora del Programa de Asignación Familiar (PRAF) con Zelaya y, según un informe publicado en 2011, una de las impulsoras de la Cuarta Urna en el departamento de Colón. En febrero de 2009, otro informe la cuestionó por suscribir dos años antes un contrato que benefició al empresario Amílcar Bulnes con cláusulas lesivas para los intereses del Gobierno. 

En el caso de Olga Doris Castro, hermana de la presidenta, no existe información oficial que la vincule con la actual administración, pero en mayo pasado la Embajada de España en Honduras informó que sostuvo una «importante reunión con Olga Doris Castro y el equipo de la Red Solidaria para explorar sinergias con la cooperación española para combatir la pobreza extrema». La cuñada de Mel fue coordinadora de la Red Solidaria en su Gobierno.

En aquella gestión, ella coordinó programas donde se ejecutaron millones de dólares después de que, en abril de 2005, Honduras fuese beneficiada con la condonación de la deuda externa, tras la Iniciativa de los países pobres altamente endeudados (HIPC). La apuesta era atender a unas 200,000 familias de las más pobres del país utilizando para ello «4,000 millones de lempiras (al cambio actual, unos 162 millones de dólares)» a través de programas y proyectos. El estudio Honduras: ¿Qué Pasó con la ERP?, publicado el 2007 por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional, reveló que de 22 indicadores de la Estrategia de la Reducción de la Pobreza (ERP), 11 no se cumplieron. Entre ellos la reducción de la pobreza extrema y la mortalidad de menores de 5 años. 

José Carlos Cardona, el responsable oficial de Nuestras Raíces, confirma esa influencia del pasado y defiende el papel de Mel Zelaya argumentando que es necesario para «ilustrar la experiencia que se tuvo en esos años». Cardona dice que este nuevo programa es más amplio que el anterior, porque contempla temas como seguridad y soberanía alimentaria, educación intercultural y saberes ancestrales, «más el tema de defensoría, que es tan necesario en este momento». Según Cardona, se ha conversado con 22 instituciones de gobierno para que «ejecuten obras en el último trimestre (2022) en las zonas focalizadas del programa» y también afirma que la Sedesol ha solicitado 200 millones de lempiras (8.1 millones de dólares) para Nuestras Raíces en el presupuesto de 2023. 

Mientras el pasado del primer Gobierno de Mel se vacía en las oficinas que dirigen los programas sociales, las comunidades afectadas ya dudan. Miriam Miranda, líder garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), recuerda así la primera versión de Nuestras Raíces: «Llegó un momento en donde la gente solo llegó a recoger dineros en maletines. Era una cosa asquerosa y ahora quieren hacer lo mismo. Esos programas lo que buscan es cooptar liderazgos en las comunidades». 

«¿Cómo es posible que se quiera calcar un proyecto en el cual hubo dilapidación? Se gastó una barbaridad de plata en ese proyecto y no dio resultados. Nosotros no necesitamos proyectos populistas que lo que vienen a hacer es generar división en las comunidades. La Ofraneh  está exigiendo el respeto a los derechos ancestrales del pueblo garífuna y no queremos proyectos que son más de lo mismo», añade Miranda. 

José Carlos Cardona Erazo, Ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) durante la presentación a la comunidad misquita del programa de gobierno: Mis Raíces en Casa Presidencial el 15 de agosto de 2022 Tegucigalpa, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.
José Carlos Cardona Erazo, Ministro de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) durante la presentación a la comunidad misquita del programa de gobierno: Mis Raíces en Casa Presidencial el 15 de agosto de 2022 Tegucigalpa, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

Aunque el ministro Cardona dijo a Contracorriente y Redacción Regional que Ofraneh participó en reuniones recientes de Nuestras Raíces, Miranda lo niega: «Quiero ser categórica, dígalo ahí en su artículo, Ofraneh a través de la voz de Miriam Miranda ratifica que no está participando en ese programa Nuestras Raíces. Eso es una réplica de lo mismo de antes». Miranda, además, dice que ha recibido denuncias de que miembros del pueblo garífuna han sido vejados en encuentros con el Gobierno de un modo similar a los lencas. 

Casi ocho meses después de las promesas de Xiomara Castro y durante las primeras semanas de la ejecución del programa Nuestras Raíces, los garífunas, los lencas, los misquitos y los ambientalistas de Guapinol han tenido que hacer enormes esfuerzos para viajar hasta Tegucigalpa para exigir que las promesas se cumplan. Algunos de estos sectores han realizado plantones, leído pronunciamientos y hasta se han tomado las instalaciones del Ministerio Público e ingresado con fuerza a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con objetivos similares: ser escuchados para detener la destrucción de las fuentes de agua, evitar la ganadería extensiva en zonas protegidas, exigir resultados tras la desaparición de cuatro garífunas que luchaban en contra del despojo de sus territorios y detener la discriminación hacia los pueblos indígenas.

Una «narcocarretera» permitida por el Gobierno

Muelle del barrio El Centro en Puerto Lempira, La Mosquitia. Un grupo de personas esperan lanchas para llegar a otras comunidades. Puerto Lempira, Gracias a Dios. Foto CC |/Fernando Destephen.
Muelle del barrio El Centro en Puerto Lempira, La Mosquitia. Un grupo de personas esperan lanchas para llegar a otras comunidades. Puerto Lempira, Gracias a Dios. Foto CC |/Fernando Destephen.

Mientras Mel Zelaya le grita a los lencas que el Gobierno no tiene dinero para terminar un tramo carretero en una empobrecida zona del occidente del país, se reúne en silencio con poderosos ganaderos de La Mosquitia, en la zona oriental, para autorizar la continuación de una carretera con varias denuncias de ser un corredor de tráfico de drogas y que atraviesa la zona protegida de la Biósfera del Río Plátano, catalogada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

En el marco del programa Nuestras Raíces, el pasado 15 de agosto, el Gobierno invitó a un grupo de indígenas misquitos, quienes llegaron a Casa Presidencial procedentes del departamento de Gracias a Dios, una de las zonas de más difícil acceso. Una vez más el protagonismo del encuentro lo tuvo el expresidente, esta vez junto al ministro Cardona, el ministro de Salud, José Matheu, y nuevamente el secretario privado, Héctor Manuel Zelaya, hijo de la pareja presidencial. Según el Gobierno, se trató del tercer «diálogo multicultural» y participaron representantes de 15 consejos territoriales. 

«Yo no participé —dice el líder misquito Passyn Dolly—. Yo represento al Consejo de Ancianos Departamental del pueblo de La Mosquitia. Yo no siento que el proyecto sea realmente un proyecto de inversión para el desarrollo de La Mosquitia, más bien siento que es un espacio para entretener a la población misquita, mientras se están haciendo otros daños» Dolly agregó que la organización Muskitia Asla Takanka (Masta), en español «Unidad de La Mosquitia», y los 12 consejos territoriales están en contra de la continuación de la carretera.  

Dolly sostiene que Mel Zelaya quiere «acaparar nuestras tierras e invadirnos con la mayor cantidad de personas». En juego está el 98 % de los recursos  de la Biosfera del Río Plátano. «El Gobierno está dividiendo a la mosquitia para que se maten, se peleen y vivan en un caos social, por eso tiene una gran responsabilidad en la división de Masta», agrega Dolly.

El pueblo misquito fue el primero que durante la administración de Xiomara Castro viajó hasta Tegucigalpa para denunciar las promesas rotas del Gobierno. A finales de marzo el secretario de MiAmbiente, Lucky Medina, prometió destruir la «narcocarretera» que conecta el departamento de Olancho con el departamento de Gracias a Dios, una obra inaugurada el año pasado, todavía bajo el Gobierno de Juan Orlando Hernández, pero que se comenzó a construir en 2007 cuando Mel Zelaya era presidente. Un mes después Mel selló un pacto con los ganaderos de esa zona. Según el acuerdo firmado, a cambio de detener la destrucción de la carretera, los ganaderos de la zona oriental se comprometieron a detener la ganadería extensiva. 

En la organización miskita Masta aseguran que es falso que los ganaderos hayan detenido la ganadería extensiva. Justo después del trato entre Zelaya y los ganaderos, ya había denunciado en Tegucigalpa que hasta los militares han agarrado tierras y comienzan a formar parte de ese grupo. 

Contracorriente y Redacción Regional intentaron comunicarse con el ministro de MiAmbiente, Lucky Medina, para pedirle una explicación sobre por qué el expresidente Zelaya revirtió su promesa de destruir la carretera. Medina no respondió ni las llamadas ni los mensajes. 

También se contactó al expresidente Zelaya, quien a través de un mensaje WhatsApp pidió que le enviáramos las preguntas por escrito. Después de enviarlas, Mel Zelaya cortó la comunicación.

LEER: El retorno del clan Zelaya

Sobre La Mosquitia: Los nadie y una guerra por los recursos

Minería, violencia y agua contaminada

La protesta fue organizada por un comité intermunicipal integrado por representantes de los municipios de Gualaco y San Esteban de Olancho y de las ciudades de Bonito Oriental, Tocoa y Sabá, de Colón . Foto CC / Fernando Destephen.
La protesta fue organizada por un comité intermunicipal integrado por representantes de los municipios de Gualaco y San Esteban de Olancho y de las ciudades de Bonito Oriental, Tocoa y Sabá, de Colón . Foto CC / Fernando Destephen.

Protegiéndose del sol con sombreros y gorras, centenares de ambientalistas de cinco ciudades de Honduras ubicadas en los departamentos de Colón y Olancho llegaron en la mañana del martes 16 de agosto a Tegucigalpa para hacer un plantón frente a la Secretaría de MiAmbiente. Los manifestantes se posicionaron en contra de la contaminación del agua y de la violencia causada, según ellos, por tres empresas mineras: Canteras y Más, Inversiones Los Pinares y JAMART. «El agua es vida, no a la minería», se leía en un enorme cartel color rojo sostenido por cuatro hombres.

El grupo de ambientalistas de Colón y Olancho se desplazó al Congreso Nacional en donde exigió la derogación del decreto legislativo 252-2013 que legalizó las concesiones mineras en el Parque Nacional Carlos Escaleras, fuente de 34 ríos que abastecen a los municipios de Gualaco, ƒSan Esteban, Bonito Oriental, Tocoa y Sabá. «Ya no vamos a poder tomar agua, ya nadie se baña en el río, porque los mineros están arriba haciendo desastres. Si ellos no se van, nosotros abandonaremos el país. Tendremos que migrar», gritó uno de los manifestantes. 

El día de su toma de posesión en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, Xioamara Castro presentó una lista de 22 medidas urgentes para la «refundación de Honduras» en los primeros 100 días de su Gobierno. Entre ellas estaba no conceder «más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales, no más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, nuestros parques nacionales y bosques nublados». 

El 28 de febrero, MiAmbiente declaró a Honduras territorio libre de minería a cielo abierto, pero, como ocurriría con la «narcocarretera», la entidad pronto dio marcha atrás a esa decisión argumentando que se necesitaban más estudios sobre cada proyecto en particular. El secretario Medina dijo en marzo pasado —según una nota publicada en El Heraldo— que grandes emporios mineros enclavados en Honduras continuarán funcionando en el país bajo estrictas medidas de supervisión, entre estas, la multinacional Aura Minerals y la empresa Los Pinares, que operan a cielo abierto con licencias aprobadas por el Gobierno.

Reinaldo Domínguez, del Comité de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, dice que espera que la presidenta Xiomara Castro asuma más su rol como presidenta de Honduras y que Mel Zelaya se limite a cumplir su papel como asesor. «Los hondureños eligieron a Xiomara Castro; Mel Zelaya tiene que dar el espacio. La gente no vota para que una familia se posesione económicamente u ocupe cargos demasiados altos», añade Domínguez.

Según la plataforma Abriendo Datos de Contracorriente, Honduras ha otorgado más de 1,500 concesiones mineras, la mayoría a partir del año 2012. El departamento que más concesiones mineras acumula es Cortés, con al menos 214 concesiones en los últimos 10 años. La empresa que más concesiones ha obtenido es American Pacific Honduras, con por lo menos 53 en todo el país. En Honduras existen 73 zonas protegidas, de las cuales 21 son parques nacionales; de esas, en al menos cinco hay concesiones activas de empresas hidroeléctricas o mineras.

Xiomara Castro ha mencionado su apoyo a ambientalistas de la comunidad de Guapinol, quienes en los últimos cuatro años han vivido una crisis socioambiental por la instalación de una mina en zona protegida. Ocho de ellos estuvieron presos durante 40 meses acusados por los delitos de incendio agravado, privación injusta de la libertad y daños en contra de la empresa Inversiones los Pinares.  La presidenta incluso usó la consigna de «libertad para los presos políticos de Guapinol» tanto en campaña como cuando tomó posesión. Sin embargo, la empresa minera Los Pinares sigue operando y el Gobierno no ha nombrado una comisión para abrir diálogo en este conflicto.

Un mal día para Mel Zelaya en Tocoa

La coordinadora del Comité de Ambiente de Guapinol, Juana Ramona Zúniga, expresa su temor hacia las posibles acciones del partido de gobierno, sobre todo por el influyente protagonismo del expresidente Zelaya y su estrecha relación con el alcalde de Tocoa, el empresario Adán Fúnez. El 2017, el narcotraficante Devis Leonel Maradiaga, exlíder de los Cachiros, declaró durante un juicio por narcotráfico en Nueva York que Fúnez recibió sobornos de parte de su cartel, algo que el alcalde de Tocoa siempre ha negado. Eso no impidió que los movimientos hegemónicos de Libre —el M28 y el Pueblo Organizado en Resistencia (POR)— lo siguieran apoyando y lograra la reelección.

«Estamos luchando con este nuevo Gobierno, con esta estructura y siempre está Lenir Pérez (empresario minero) de por medio y ahora Manuel Zelaya, y todos los Zelaya, que tienen vínculos familiares que representan un grave peligro para el bajo Aguán», expresó Zúniga. Lenir Pérez es yerno del empresario Miguel Facussé, fallecido en 2015, quien fue uno de los hombres más poderosos de Honduras. Además de sus inversiones en minería, fue financista de la campaña del presidente salvadoreño Nayib Bukele y ha recibido concesiones para proyectos aeroportuarios en El Salvador y Honduras. 

Durante dos años, el alcalde Fúnez se negó hasta en seis ocasiones a realizar un cabildo abierto para declarar a Tocoa libre de minería. Buscando respuestas, la comunidad de Tocoa viajó a Tegucigalpa en 2019 para reunirse con Mel Zelaya. «El cabildo se dio después de que logramos la reunión con Mel. Y es que Mel solo dice lo que hay que hacer y Adán obedece», asegura el regidor de Tocoa, Colón, Juan López, quien en el momento del cabildo era uno de los líderes del movimiento ambientalista.

El cabildo ocurrió el 29 de noviembre de 2019, y la gente la emprendió contra el alcalde Adán Fúnez, quien había concedido permisos de operación en favor del empresario minero Lenir Pérez sin consultarlo a la comunidad.

Aquel día, recuerda López, cuando Mel llegó a Tocoa fue muy aplaudido y a los pocos minutos se sentó en la mesa principal junto a Adán Fúnez y comenzó a hablar de temas político electorales. La gente, que no quería proselitismo, comenzó a abuchear al alcalde Fúnez. «Estimamos que habían alrededor de 4,000 o 4,500 personas en esa reunión», recuerda López, y agrega que los abucheos causaron el enojo del expresidente. «Mel tiene una condición que cuando se siente cuestionado o increpado, se le sale su alto nivel de violencia verbal, gesticular y maltrata. Eso pasó en el cabildo», recuerda López, quien añade que la situación se le salió de las manos a Mel. Los de la multitud se hicieron cada vez más fuertes y, enardecidos, comenzaron poco a poco a rodear la mesa principal.

Arrinconado, Adán Fúnez, después de consultarlo con el expresidente, declaró al municipio libre de minería. Inmediatamente después los dos salieron del lugar.  «A Mel casi lo llevaban chineado hacia afuera. Iban asustados», recuerda López.

Minutos después de finalizar el cabildo, Juan López estaba reunido con una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH). Según recuerda, Mel Zelaya interrumpió la reunión para hablar con él. López afirma que se reunió con el expresidente, quien le dijo que Fúnez no tenía futuro político, pero nunca llegó a retirarle su apoyo.  

A pesar de los nexos de Mel Zelaya con Adán Fúnez, y de este con Lenir Pérez, Juana Ramona Zúñiga todavía guarda la esperanza de que la presidenta respalde la lucha de los ambientalistas.

«Ella viene empezando este Gobierno. Esperamos que a medida que las comunidades y los pueblos volvamos a las luchas, podamos conseguir más apoyo. Porque el pueblo eligió a una presidenta y por lo tanto queremos que esa presidenta tome esa silla con autoridad», dice.

Recomendamos: La conexión escondida de una siderúrgica de EE.UU. con la polémica mina de Los Pinares en Honduras

Una piedra en el río Guapinol fue pintada por la comunidad con leyendas de defensa del ambiente y protección del río. Tocoa, Colón. Foto CC / Fernando Destephen.
Una piedra en el río Guapinol fue pintada por la comunidad con leyendas de defensa del ambiente y protección del río. Tocoa, Colón. Foto CC / Fernando Destephen.

Ahora que Libre está en el poder, afirma Zúñiga, el Gobierno no ha abierto un diálogo para resolver los conflictos de las comunidades: «No es fácil dejar uno su hogar, dejar uno su casa que tanto ha costado construirla para que una empresa extractiva venga a llevarse todo, a despedazar hogares, a despedazar un parque nacional, un área protegida».

Garífunas toman las instalaciones del Ministerio Público

No hay avances en las investigaciones a pesar de las exhortaciones del Sistema Interamericano. Además, se denunciaron tratos racistas y denigrantes de funcionarios actuales. FotoCC/ Jorge Cabrera
No hay avances en las investigaciones a pesar de las exhortaciones del Sistema Interamericano. Además, se denunciaron tratos racistas y denigrantes de funcionarios actuales. FotoCC/ Jorge Cabrera.

El 9 de agosto, una semana después del primer acercamiento entre el Gobierno e indígenas lencas, al menos 300 integrantes del pueblo garífuna, acompañados de algunos lencas —incluyendo miembros del Copinh— y tawahkas viajaron desde el Caribe de Honduras hasta Tegucigalpa. En lugar de dirigirse a Casa Presidencial, llegaron hasta el Ministerio Público para exigir respuestas luego de dos años de la desaparición forzada de cuatro miembros de su comunidad.

La protesta garífuna fue un acto sin precedentes. El grupo ingresó a las instalaciones del Ministerio Público y se desplazó hasta la puerta de la oficina del fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla, quien no salió a recibirlos.

«No hay voluntad política tampoco de este Gobierno para poder reconocer los derechos del pueblo garífuna y de los pueblos indígenas», dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), durante la protesta en el Ministerio Público.

Los garífunas exigieron la creación de una fiscalía especial para que investigue la desaparición forzada de estos cuatro garífunas. Lejos de abrirse un diálogo entre los garífunas y el Ministerio Público, ahora hay una investigación penal contra Miriam Miranda, coordinadora de Ofraneh, el abogado Edy Tábora y Luther Castillo, actual ministro de Ciencia y Tecnología. Ofraneh también denuncia «investigaciones en contra de otras lideresas y líderes que participaron en la actividad, en una vergonzosa acción de persecución política», según un comunicado publicado el 17 de agosto de 2022.

Un día después, el Copinh anunció en sus redes sociales que se había abierto un espacio de acercamiento entre su organización y el Gobierno de Honduras para «dar solución al abandono histórico de las comunidades lencas por parte del Estado de Honduras». En una Mesa de Atención Integral creada para ese fin, estuvieron presentes Berta Zúniga Cáceres, coordinadora del Copinh y el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor. 

Pero mientras el Copinh intenta acercar puentes con el Gobierno, no es ajeno a la persecución. El 19 de agosto de 2022, la entidad compartió en sus redes un fragmento de la denuncia de Ofraneh: «Nuevamente nos pronunciamos para dejar claro que si el Ministerio Público piensa que nos va a amedrentar con estas acciones de criminalización se equivoca, seguiremos luchando por la restitución de nuestros derechos ancestrales”.

Ofraneh tampoco se detiene. En medio de la amenaza del Ministerio Público, continúan exigiendo justicia para sus desaparecidos. Una semana después de las protestas, presentaron un recurso en contra del Fiscal General, Óscar Chinchilla y el Fiscal Adjunto, Daniel Sibrián; se trató de un amparo ante la Sala Constitucional para que continúen las investigaciones.

El Congreso Nacional de Honduras comenzará un proceso para escoger al próximo fiscal general, pues el actual, Óscar Chinchilla, dejará su cargo en septiembre de 2023. Lo mismo ocurre con los actuales 15 magistrados de la Corte Suprema, quienes terminan su septenio en febrero del próximo año.

Edy Tábora, abogado de Ofraneh, afirmó que el Estado no puede buscar a los garífunas pensando que están muertos, tiene que buscarlos con la presunción de vida, que es uno de los más importantes de las normas internacionales. 

A pesar de que el Ministerio Público sigue siendo liderado por los fiscales electos en el Congreso anterior, el nuevo Gobierno no se ha pronunciado tampoco por las protestas realizadas por Ofraneh, que exige el cumpliento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

Como los lencas, los miskitos y los campesinos en Tocoa, Miriam Miranda también le envía el mismo mensaje a la presidenta Xiomara Castro: «Creo que la presidenta que nombró el país debe asumir su papel protagónico. Nos sumamos a las voces que dicen “queremos a Xiomara”, las mujeres queremos que sea protagónica, que asuma su papel como presidenta, para responderle a un pueblo esperanzado en este nuevo Gobierno que votó de una manera aplanadora por ella, producto de un hartazgo de 12 años de dictadura».

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