Skip to main content

OR CENTROAMÉRICA

Centroamérica, infeliz arranque de año

Si 2022 acabó con la democracia centroamericana en coma, 2023 ha arrancado como una especie de carrera para ver qué país daba el primer mensaje autoritario.

Redacción Regional

Todo esto ocurrió solo en 2022: 

El régimen de Daniel Ortega detuvo a 235 opositores, la cifra más alta desde 2018, cuando comenzó a perseguir las protestas,  y utilizó como símbolo de su poder las imágenes de los rostros demacrados de los presos políticos. 

Nayib Bukele declaró en marzo un Régimen de Excepción todavía vigente y anunció que, a pesar de la Constitución, se presentaría para la reelección presidencial.

En Guatemala se agudizó la persecución de quienes han buscado justicia mientras se abrigaba a los corruptos. 

El  gobierno de Xiomara Castro acabó el año declarando su propio Régimen de Excepción en Honduras. 

Si el año pasado los caudillos de turno en Centroamérica que se presentaron como la nueva esperanza del pueblo dejaron la democracia en coma, el primer mes de este año ha sido una muestra clara de que no tienen ninguna intención de despertarla. Por el contrario, enero se ha parecido a una competencia para demostrar qué país daría el primer mensaje en la continuidad de su deriva autoritaria. 

Nicaragua y El Salvador se adelantaron.  

El 10 de enero fue acusado en los juzgados el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, una de las voces más críticas contra la pareja Ortega-Murillo, secuestrado bajo vigilancia policial en un régimen de ‘casa por cárcel’ desde agosto pasado. La acusación: supuestos delitos relativos a la “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. La sentencia de Ortega: que el sacerdote se vaya al exilio o que pase a ocupar espacio junto a los otros presos políticos. El mensaje: continúa la cacería contra las voces críticas, una cacería que se extiende a lo largo y ancho de la región con distintos signos, pero siempre con el mismo objetivo: amedrentar, acallar la crítica en aras de consolidar más poder.

Ese mismo 10 de enero, en El Salvador, tres sindicalistas y empleados de la municipalidad de Soyapango, la ciudad vecina de la capital, fueron detenidos por protestar. Así, sin matices. El oficialismo de Nayib Bukele ha convertido en delito la protesta pacífica. 

Las imágenes no dejan lugar a dudas: una mujer le ruega a unos policías que no la detengan, que ella tiene familia, hijos, que solo está pidiendo que le paguen sus salarios. 

Una semana antes de las capturas, los empleados de la comuna ya habían denunciado que personeros que se presentaron como emisarios de Casa Presidencial les habían llegado a amenazar: o dejaban la protesta, o serían arrestados y acusados en el marco del Régimen de Excepción, la medida que tiene a más de 60 mil reos en las cárceles, que ha disparado el hacinamiento y las denuncias por violaciones a derechos humanos por capturas arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Hasta dos semanas después de las detenciones, fuera del debido proceso, los sindicalistas fueron acusados por ‘desórdenes públicos’ y ‘resistencia’.

Perseguirlos a todos

Guatemala se retrasó un poco, pero su mensaje fue contundente. El 16 de enero de 2023 será recordado como el día en que la Fiscalía de Guatemala acusó de corrupción al comisionado que lideró una comisión internacional contra la corrupción en este país centroamericano. Parece una mala broma, pero es el último capítulo de una institucionalidad que beneficia a exfuncionarios que admitieron su participación en graves casos de corrupción que ahora se pasean por el país con medidas sustitutivas, mientras el Ministerio Público criminaliza y obliga al exilio a aquellos que los investigaron.

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad,  anunció una posible investigación contra Iván Velásquez, el excomisionado de la Comisión Contra la Impunidad y Corrupción de Guatemala, ahora convertido en ministro de las Fuerzas Armadas de Colombia, en el gobierno de Gustavo Petro. Currichiche también anunció la persecución penal contra la exfiscal Thelma Aldana (en el exilio desde que se bloqueó su candidatura para las presidenciales de 2019 bajo cargos de supuestas contrataciones irregulares durante su paso por el MP) y otros exfuncionarios de la misión internacional que marcó un antes y un después en la lucha contra los funcionarios corruptos y el crimen organizado en este país.

El trasfondo de esta nueva acusación contra los que intentaron combatir la corrupción guatemalteca es el caso Odebrecht, una trama en la que fueron protagonistas el expresidente Otto Pérez Molina, su exvicepresidenta Roxana Baldetti, el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, empresarios de la construcción y 108 diputados del Congreso 2012-2015.

En la Redacción Regional revelamos las entrañas de este otro gran caso de corrupción que salpica a los gobiernos del pasado con los poderosos de ahora en agosto y septiembre pasados. Meses después de nuestras investigaciones, que supusieron un amedrentamiento contra los colegas de No-Ficción por parte de los abogados del exministro Sinibaldi, tanto Estados Unidos como la Organización de las Naciones Unidas han condenado las irregularidades de la Fiscalía de Guatemala, dirigida por Consuelo Porras, una funcionaria señalada por EUA en su lista de actores políticos corruptos y antidemocráticos.

Honduras, un gobierno familiar

En Honduras, la victoria de Xiomara Castro en las elecciones ha derivado en una suerte de administración nepotista, en la que el expresidente Manuel Zelaya es protagonista en las principales decisiones del gobierno que administra su esposa. Junto a él, sus hijos y hermanos ocupan desde el día 1 de gobierno importantes cargos en el gabinete y controlan el Congreso, pieza clave para las cercanas elecciones de magistrados a la Corte Suprema de Justicia.

Si habría que definir en un término el nuevo gobierno de los Zelaya sería este: contradicción. Anunciaron la creación de una misión contra la impunidad, pero bajo la mesa se han empeñado en revivir a exfuncionarios del Gobierno de Mel Zelaya sobre los que pesaron acusaciones por casos de corrupción. A los más cercanos, como Enrique Flores Lanza, ahora asesor presidencial, los han amnistiado, bajo la excusa de que esas acusaciones eran casos de persecución política armados en el marco del golpe de Estado ocurrido contra Zelaya a mediados de 2009. Pero como en Guatemala, la corrupción sí existió y las pruebas recabadas en esos casos ahora son una verdad jurídica que el oficialismo la mira de soslayo.

El clan Zelaya, además, ha comenzado a remar a contracorriente de sus promesas, alejándose de grupos y sectores vulnerables que impulsaron la candidatura de Castro confiados en un cambio de rumbo. Varios líderes comunitarios se lamentan de que el Gobierno está pactando a favor grupos de poder afines y en detrimento de las demandas populares de reforma agraria y cancelación de proyectos mineros.

El gobierno hondureño ha seguido en varios puntos el libreto del Gobierno Bukele. Además de declarar en diciembre pasado un Régimen de Excepción en dos ciudades, ha puesto en marcha una nutrida propaganda en medios de comunicación y redes sociales en las que el enemigo a vencer son aquellos que cuestionan el rumbo político. Los ministros y funcionarios no contestan preguntas, en un año la presidenta no ha concedido entrevistas y en redes sociales existe una campaña de difamación y desprestigio contra los periodistas y contra la prensa crítica e independiente. La prueba de fuego para comenzar a entender mejor al Clan Zelaya se cuece ya en el Congreso, en donde suenan las alarmas de compra de voluntades para repartir los puestos a nuevos magistrados afines a lo que podría ser un nuevo bipartidismo.

Lo que se nos viene

Este 2023 es clave en toda la región. En Honduras, la selección de magistrados marcará un antes y un después en los pesos y contrapesos para los Zelaya. En Guatemala, la participación de candidatos con pasados irregulares en los comicios generales, ya avisan del potencial relevo que se viene en la administración del poder. 

Destaca el regreso una vez más de la exprimera dama Sandra Torres, cuyo partido aparece salpicado en la trama de Odebrecht; destaca también la notoria participación de candidatos ligados a los viejos pasados militares, entre ellos Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, a quien ya se le bloqueó una candidatura por un precepto constitucional que la inhabilita por ser hija de un presidente surgido de un golpe de Estado. Destaca, además, un nuevo intento para inhabilitar a candidatos que rompen con el status quo. Esta vez el blanco es Jordán Rodas, el exprocurador de Derechos Humanos. Horas después de inscribirse como candidato a la vicepresidencia con el Movimiento para la Liberación de los Pueblos fue denunciado por Alejandro Córdova, su sucesor en la PDH. 

En El Salvador, la reconfirmación de la candidatura inconstitucional de Nayib Bukele es inminente y supondrá un paso más hacia la consolidación de su autoritarismo. En marzo arranca el plazo para la celebración de las internas en los partidos, y un magistrado del Tribunal Supremo Electoral ya adelantó que le están confeccionando un instructivo ad hoc al presidente para que pueda participar. 

Y,  mientras los poderosos siguen con su deriva autoritaria, miles de centroamericanos siguen marchando hacia Estados Unidos, agravando la crisis migrante en la Frontera Sur.

Ya lo dijimos en octubre en Lima, Perú, en un foro al que fuimos convocados para hablar de los riesgos del periodismo latinoamericano, en el marco de la Asamblea 52 de la Organización de Estados Americanos: Centroamérica se hunde y los poderosos quieren llevarse de encuentro a todos. Lo volvemos a decir ahora. Y, sobre todo, hemos hecho periodismo en los últimos diez meses y seguiremos haciéndolo para mostrarlo. Hoy más que nunca es importante afinar los focos y llevar más luz hacia los pasillos en los que agoniza, a oscuras, esta Centroamérica.

Compartir

LEE OTRAS HISTORIAS