Guatemala, el pacto de las elecciones sin elección

La Guatemala donde los que perseguían a los corruptos son perseguidos y encarcelados celebra elecciones presidenciales este domingo. Si los gobiernos de Jymmy Morales y Alejandro Giammattei desmoronaron la chispa de la revolución democrática en la región, estos comicios apuntan a ser la constatación de que el pacto regresa y bien consolidado. El sistema, a través de decisiones arbitrarias del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, ha dejado fuera de la contienda a tres candidatos a la presidencia, uno de ellos era el favorito en las encuestas hasta hace un mes. También ha inhabilitado otras mil candidaturas a diputados y alcaldes en todo el país, bajo la sombra de un fraude que saca del tablero a los candidatos que entorpecen las aspiraciones de los partidos allegados al poder, en el que destaca el partido Vamos del presidente Giammattei, con una red de 144 alcaldes en busca de la reeleción. 

Las elecciones formalmente continúan,  pero en el fondo el próximo presidente o presidenta representará más de lo mismo, y quien resulte electo se enfrentará a un país que en las encuestas están diciendo que no cree en la presidencial.

Hace sentido. Este domingo, cuando las urnas se abran, estas son las tres principales opciones para la presidencial: Sandra Torres, la eterna candidata de la UNE y ex primera dama cuyo partido está salpicado en tramas de financiamiento irregular e incluso de haber recibido sobornos de  Odebrecht,  como revelamos en alianza con No-Ficción a mediados del año pasado. Ella ocupa el 21 % de las preferencias, insuficientes para ganar en primera vuelta.

Al balotaje también se apuntan Edmont Mulet, un abogado y diplomático que llegó a ser jefe de gabinete de la Secretaría General de la ONU, pero que en su pasado también cuenta con expedientes judiciales que lo vinculan a una red de adopciones en la Guatemala de 1980 que sacaba a bebés como “turistas”. 

Busca colarse en segunda vuelta, además, la hija del genocida Efraín Ríos Montt, aún en la contienda a pesar de que en Guatemala hay una cláusula expresa contra los familiares de golpistas que buscan una candidatura por elección popular.

No es la primera vez que Guatemala asiste a una elección forzada, en la que la ciudadanía tiene que escoger entre el mal menor ante la falta de ofertas con contenido. Ocurrió con Jimmy Morales, el comediante que terminó siendo presidente luego del triunfo de la plaza y de la lucha anticorrupción de 2015 que acabó con la dimisión de Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti. 

A partir de Morales, las artes del sistema para hacer unas elecciones sin una elección real han sido variadas, basadas por un sistema de justicia cooptado y señalado de corrupto por Estados Unidos.  

En 2019,  el sistema utilizó la estrategia del bloqueo al anular la potable candidatura de Thelma Aldana, la ex fiscal general que lideró la lucha anticorrupción junto a la CICIG que Morales se encargó de expulsar cuando se descubrió investigado. Caída Aldana, el camino quedó libre para que el sistema aplaudiera y pactara con Giammattei. 

Bajo su gobierno, Guatemala no solo se olvidó de la lucha anticorrupción sino que consolidó una cacería de brujas contra los protagonistas de la lucha anticorrupción. El Ministerio Público fue cooptado por completo y ha sido la punta de lanza para perseguir y encarcelar periodistas, jueces, fiscales y activistas contra el sistema. 

Desde enero de 2023, ese mismo sistema se alió con la Corte de Constitucionalidad para cortar de tajo a los presidenciables que les hacen temer. La primera afectada fue la lideresa indígena Thelma Cabrera, que en la presidencial de 2019 obtuvo 450.000 votos, una gesta con futuro en un país en el que el 44 % de la población se identifica como indígena.

Este año, a seis días de la elección, Cabrera cerraba la campaña de los candidatos a alcaldes y diputados del Movimiento para la Libertad de los Pueblos (MLP) en Santiago Sacatepéquez. En las imágenes, una candidata presidencial expulsada de la contienda y con semblante serio levanta la mano de sus compañeros que  aspiran por una diputación en el Congreso o en la municipalidad.

En la víspera de los comicios, a Cabrera solo le queda exigir el voto nulo para la presidencial e intentar servir de catapulta, con su imagen, para un partido cuyas aspiraciones presidenciales fueron bloqueadas. A falta de un argumento contra el binomio, el sistema cooptado de Guatemala encontró una rendija por donde atacarla a través de la candidatura de su compañero de fórmula, el exprocurador de derechos humanos Jordán Rodas. Una denuncia por una supuesta irregularidad en la institución que dirigió fue suficiente para sacarlos de la contienda. 

La segunda fórmula bloqueada fue la liderada por Roberto Arzú, el hijo del expresidente Álvaro Arzú, por supuesta campaña adelantada del partido Podemos, de derechas. 

A un mes de la contienda, el 26 de mayo, el sistema bloqueó a Carlos Pineda, un finquero próspero y poco ortodoxo que sorprendió al tomar la punta en las encuestas a base de una campaña con poco contenido pero “cercana al pueblo” en redes sociales. Un candidato que se salió del libreto preescrito y que fue bajado de sus aspiraciones cuando lideraba el 23 % de la intención de voto.

El argumento contra Pineda y el partido Prosperidad Ciudadana fue el reclamo por supuestas irregularidades ocurridas en una asamblea partidaria celebrada en noviembre de 2022. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ya había aceptado en su momento, y seguía considerando, que las fallas en esa asamblea eran de escasa importancia, pero la candidatura de Pineda terminó completamente bloqueada cuando la Corte de Constitucionalidad, dirigida por un grupo de jueces cuestionados, dijo que su candidatura no iba más.

El domingo, miles de votantes irán a unas elecciones sin sentirse representados. Las últimas encuestas vaticinan que para la presidencial se hará sentir, como mensaje, la protesta del voto nulo. 

Y mientras la elección se acerca, los candidatos del sistema siguen apostándole a la fórmula de estos tiempos, en la aquel que baila mejor o llega a más audiencias en Tik Tok se lleva las simpatías. Algunos de los candidatos incluso comparten asesores marketineros con otros líderes de la región, y por eso no es sorpresa que Zury Ríos incluso intente arroparse  con el manto del presidente del país vecino, Nayib Bukele. El salvadoreño, con su régimen de excepción y la erradicación de los contrapesos en El Salvador, es un modelo a seguir por la hija del dictador, que promete planes de seguridad similares al régimen salvadoreño.

Este domingo, en Guatemala los votantes se juegan de nuevo la esperanza de un cambio cuando todo apunta a que el sistema del pacto ya tiene asegurados cuatro años más de vigencia. Para la democracia centroamericana, que agoniza, esta elección, en este contexto, representa una estocada más. Los  grupos de poder  siguen demostrando que seguirán utilizando las reglas de la democracia para destruirla desde adentro.

Grave el escenario porque después de Guatemala vienen las elecciones generales de El Salvador, en las que Bukele ha dicho que participará a pesar de que la Constitución se lo prohíbe hasta en siete artículos.  Como en Guatemala, Bukele ha creado sus propias reglas de juego al reducir el número de diputados y de municipios para favorecer a su partido, controla al árbitro electoral, a las cortes y a la propaganda pagada con fondos públicos.